Diferencias legales entre matrimonio y pareja de hecho

Hoy en día no es necesario pasar por el altar para sentirse “comprometido” con nuestra pareja. Pero a pesar de ello, son muchos los que dudan porque les asusta quedarse “legalmente” desamparados ante cualquier problema. Eso ha llevado a muchas parejas a inscribirse en el Registro de Parejas de Hecho, pensando que de esa forma, regularizan su situación. Pero quienes decidan inscribirse como pareja de hecho deben saber que no puede exigir los mismos derechos que van a tener los que deciden casarse.

Advirtiendo el Tribunal Supremo en su sentencia de 12 de Septiembre de 2005 que “con la existencia del matrimonio homosexual y el divorcio unilateral, se puede proclamar que la unión de hecho está formada por personas que no quieren, en absoluto, contraer matrimonio con sus consecuencias”. Lo que significa que desde el punto de vista legal, matrimonio y pareja de hecho no son lo mismo.

En lo relativo a su régimen jurídico, el matrimonio está regulado por una norma estatal que define el matrimonio como “la unión estable y permanente de dos personas del mismo o diferente sexo” -artículo 44 del Código Civil-. Mientras que la unión de hecho es definida por el Tribunal Supremo como “la unión libre, pública y estable de dos personas con independencia de su orientación sexual, siempre que guarden entre sí una relación de afectividad análoga con el matrimonio, siendo incompatible con cualquier matrimonio de los convivientes”.

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Una de las principales diferencias fundamentales entre ambas figuras es que, a diferencia del matrimonio, en la actualidad no existe una Ley estatal única que regule las uniones de hecho, sino que son las propias Comunidades Autónomas las que han ido legislando los derechos de las parejas, que son diferentes en cada Comunidad Autónoma. Lo que significa que, dependiendo del lugar de residencia, los derechos de la pareja serán unos u otros.

Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, mediante la Ley 11/2001 de 19 de diciembre y el Decreto 134/2001 de 18 de julio, aprobó la Ley de Uniones de Hecho, regulando la situación de aquellas personas que optan por esta forma de convivencia en pareja. En cuanto a los requisitos, para contraer matrimonio basta con acreditar la capacidad matrimonial -artículo 56 del Código Civil-, y expresar el consentimiento ante la autoridad competente y dos testigos, para obtener el acta que certifica la unión que se inscribirá en el Registro Civil.

En cuanto a las parejas de hecho, y poniendo como ejemplo el caso de la Comunidad de Madrid, el Art 1 de la Ley de Uniones de Hecho de esta Comunidad dispone que se aplicará “a las personas que convivan en pareja, de forma libre, pública y notoria, vinculadas de forma estable por un periodo ininterrumpido de doces meses, existiendo una relación de afectividad y sometiéndose voluntariamente a dicha unión”. Siendo también necesario que estén presentes dos testigos de la pareja. Cumplidos los requisitos, se inscribirá la unión en su propio Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma correspondiente.

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Por otra parte, no podrán contraer matrimonio ni formar pareja de hecho; los menores de edad no emancipados, personas ligadas por vínculo matrimonial previo y no disueltas judicialmente, o parientes colaterales por consanguinidad hasta tercer grado.

Después está el tema del régimen económico. Mientras que en los matrimonios pueden decantarse por una separación de bienes, una sociedad de gananciales o un régimen de participación, en el caso de las parejas de hecho, deben acudir necesariamente a una Notaría para otorgar en escritura las bases de su régimen económico y fijar los pactos. Si no lo hacen, jamás podrán hacer valor un régimen económico matrimonial con independencia de los años de convivencia y la existencia de hijos.

En cuanto a su disolución, también existen diferencias. El matrimonio se da por terminado cuando uno de los cónyuges fallece, o bien, transcurridos los tres primeros meses, por divorcio a petición de uno solo de ellos, sin que sea necesario alegar ninguna causa. Después, es necesario tramitar un proceso de separación o divorcio. No obstante, para las parejas de hecho las opciones son: por fallecimiento, de común acuerdo -sólo es necesario notificárselo al Registro-, por decisión de uno de sus miembros, por una separación de hecho de más de seis meses, o por el matrimonio de uno de ellos. En el caso de tener hijos en común y producirse una ruptura, las medidas que se toman son básicamente las mismas, ya que prima el principio de igualdad y la protección a la familia, no resultando jamás perjudicados los hijos porque sus padres no se hayan casado.

En el caso de los matrimonios estas medidas se fijan en un proceso de separación o divorcio, y en las parejas de hecho, en un proceso de medidas paternofiliares. En ambos casos puede ser de mutuo acuerdo, suscribiendo un Convenio Regulador que debe ser aprobado por un juez, o a través de un procedimiento contencioso si las partes no alcanzan un acuerdo.

¿Qué ocurre si tras la ruptura uno de ellos quiere solicitar una pensión compensatoria?. En el caso de la disolución de un matrimonio, el cónyuge que carezca de ingresos por no haber trabajado durante el matrimonio podrá solicitarla en el propio proceso de separación o divorcio. Pero la pareja que no se haya casado y no tenga ingresos con motivo de la unión y ruptura, no podrá hacerlo en el procedimiento de medidas paternofiliales sino que tendrá que hacerlo en un procedimiento civil ordinario específico y distinto más complejo, largo y costoso.

Por lo que podemos afirmar que el contrayente que no esté casado y deje de trabajar por cuidar, por ejemplo de los hijos, va a resultar muy perjudicado. Por última, otra gran diferencia radica en el derecho al percibo de la pensión de viudedad. En el caso de matrimonio, los cónyuges tienen derecho a la misma con independencia de los años que hayan estado casados o de los ingresos que tenga el cónyuge viudo. Sin embargo, en las parejas de hecho para cobrar dicha pensión, tiene que haber estado registrados como pareja de hecho durante al menos dos años antes del fallecimiento y haber convivido durante los cinco años previos.

Además, el cónyuge vivo tiene que demostrar que sus ingresos no superan el límite fijado por cada Comunidad Autónoma. Por otra parte, las parejas de hecho no tienen derecho a heredar, siendo necesario realizar testamento, respetando los derechos de los herederos forzosos. Mientras que en los matrimonios, el cónyuge viudo tiene derecho al usufructo del tercio de mejora.

Para finalizar, a nivel fiscal, los cónyuges pueden optar por hacer su declaración del IRPF de forma conjunta o individidual. Pero las parejas de hecho sólo pueden hacerla de forma individual. Con toda esta información, espero haber esclarecido un poco las diferencias legales que existe entre casarse y formalizar una pareja de hecho, para que así sea más fácil tomar una decisión.

Imágenes: Fortaleciendomatrimonios y DVCMonterrey

Autor: Mónica Ruiz

Especialista en Derecho Laboral y de Familia. Licenciada por la Universidad Carlos III de Madrid en 2001, se incorporó al despacho ese mismo año, y en 2005 se convertía en socia. También ha sido profesora en el Master de la abogacía de la universidad Europea de Madrid durante los cursos 2012 a 2014.

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